La negativa de Antena 3 y Telecinco a emitir los debates electorales no deja de resultar sorprendente y habla bien a las claras de las verdaderas prioridades de estas empresas informativas. No es que sea nada desconocido o novedoso pero conviene levantar acta de los hechos. Telecinco ha admitido públicamente que su decisión obedece a que el producto (los debates) deja de “ser rentable” (económicamente suponemos) al ser emitido mediante una señal abierta que distribuirán varias cadenas. Antena 3 no ha llegado tan lejos en su comunicado público aunque no me resisto a suponer que la razón final de su negativa es la misma aunque la disfrace con otros argumentos.
Hay una objeción importante que hacer a ambas empresas: la televisión no es sólo un negocio, es también un “servicio público esencial” (artículo 1 de la Ley de Televisiones privadas y 128 de la Constitución Española) cuya gestión obtienen las televisiones privadas a través de una concesión administrativa. Así que los criterios de programación no deberían ser sólo comerciales sino atender atender a otras lógicas de interés social.
Lo digo porque es en estos momentos cuando se puede apreciar claramente la importancia que para un país tiene la existencia de medios de comunicación públicos que sepan anteponer el derecho de los ciudadanos a la información a las lógicas empresariales de enriquecimiento puro y duro. Los debates no son un espectáculo, son algo más que eso. ¿Lo entienden Antena 3 y Telecinco?
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